Hace apenas veinte meses, al comienzo de 2019, España se encontraba en un escenario de recuperación económica que hubiera permitido afrontar algunas de las reformas estructurales pendientes que nuestra economía necesita para consolidarse y asegurar el crecimiento sostenible de la actividad, el empleo y el bienestar.
La demoledora crisis provocada por la pandemia abrió un paréntesis social y económico cuyo cierre apenas empezamos ahora a vislumbrar, con un crecimiento todavía frágil y unas previsiones que, si bien son optimistas, no son tan sólidas y fiables como la economía productiva necesita para despegar y alcanzar su velocidad de crucero.
Superar esa crisis económica que, al margen de matices específicamente sectoriales, frena el despegue, exige seguridad y certidumbres para que la inversión y sus efectos en la creación de empleo permitan consolidar un crecimiento apoyado en la mejora de la demanda interna, la recuperación del crédito, y las exportaciones.
Sobre esos motores económicos y reforzando la situación del mercado laboral debe asentarse el impulso que permita volver a los niveles de empleo y actividad previos a la pandemia.
Pero no faltan, en este escenario, sombras marcadas por el alto nivel de endeudamiento, una inflación que ha encendido sus alertas, un consumo todavía falto de confianza y, sobre todo, por esos problemas estructurales que lastran la competitividad.
La economía española necesita generar certidumbres y seguir con las reformas, para que no se conviertan en vanos los esfuerzos hechos hasta ahora. El entorno que debe transmitir esas certidumbres cuando la economía productiva necesita seguridad, y las empresas un marco estable y previsible que les permita invertir y generar riqueza.
Ese marco que aseguraría el crecimiento pasa por un suministro energético fiable y competitivo en precios, respetuoso con el medio ambiente y capaz de aprovechar eficientemente todas las tecnologías probadas y seguras, y por una normativa que favorezca el reciclaje, la valorización y gestión de residuos, el ahorro energético y el tratamiento de aguas y emisiones.
Por un marco fiscal atractivo y una política industrial que potencien la internacionalización y la innovación, por una Formación enfocada a la productividad y la competitividad, a la calidad de productos y servicios y a la mejora tecnológica, y por un Diálogo Social que favorezca la productividad y la competitividad de las empresas, y contribuya a mejorar los niveles de empleo, su calidad y su estabilidad.