BLOGMETAL: La sobrerregulación perjudica la competitividad.

El Informe trimestral de la economía española elaborado por el Banco de España ha sido el último documento en constatar la pérdida de dinamismo de la economía mundial, reduciendo las previsiones de crecimiento para España hasta el 2’6% para 2018 (-0’1) y hasta el 2,2% para 2019 (-0’2). En este marco de ligera desaceleración, las reformas estructurales y la certidumbre política resultarán tan imprescindibles para el mantenimiento de la inversión y del crecimiento económico como el impulso a la competitividad en el sector industrial.

Según el boletín y coincidiendo con otros análisis como el recientemente realizado por FUNCAS, la caída de las exportaciones ha sido amortiguada por la demanda interna, contribuyendo el crecimiento de los salarios y la política monetaria seguida desde la Unión Europea a mantener el ritmo de gasto de los hogares.

Sin embargo, la apertura a los mercados exteriores ha resultado motor clave para la supervivencia de las empresas españolas durante los peores años de crisis económica y su progresiva recuperación, de tal manera que apoyar la competitividad española en el exterior garantiza la resistencia de las empresas durante los diferentes ciclos económicos.

En este sentido, la defensa del Mercado Único interior, promotor de crecimiento económico y de estándares sociales de referencia, se presenta como prioritaria para el Sector del Metal e industrial, que está alerta de los posibles riesgos futuros en materia económica y fiscal en el entorno europeo y nacional, respectivamente.

No obstante, uno de los mayores obstáculos para la operatividad general del Mercado Interior y del consecuente ánimo exportador es el desmesurado marco regulatorio, donde cuestiones como la dispar transposición de las Directivas de la Unión o la escasa atención al principio de subsidiariedad a la hora de reglar atacan tanto al funcionamiento de la competencia como al de la competitividad.

Consecuentemente, revisar los actuales marcos regulatorios con el objetivo de suprimir cargas excesivas a las empresas resultará tan ineludible como tomar medidas de calado estructural para defender la consolidación económica o mitigar la sensación de incertidumbre desde los escenarios político y parlamentario, apelando a la responsabilidad de los poderes públicos a la hora de blindar las perspectivas de crecimiento.

En el ámbito europeo, la producción normativa debe ajustarse a los principios de proporcionalidad, adecuándose las medidas a los objetivos perseguidos, y de subsidiariedad, respetándose el espacio de acción de los Estados miembros. En este nivel, la autonomía de la Negociación Colectiva jamás debe ser discutida, con especial atención a la libertad de los negociadores en cuestiones como la salarial.

En estos términos, las particularidades del tejido empresarial industrial español, compuesto principalmente por pymes, revelan inoportuna la imposición de disposiciones sancionadoras, cuando medidas de apoyo o incentivos al cumplimiento comportan mayor eficacia en la observancia de las normas que otras técnicas sancionadoras y contrarias a la promoción de la inversión y del buen discurrir de la actividad empresarial.

Razonadamente, la Comisión Europea ha de continuar con la agenda impuesta por el itinerario “Legislar mejor” y el llamado programa REFIT y su sistema de evaluación, atendiendo a los principios de efectividad y eficiencia en el marco regulatorio europeo.

Con todo, las evaluaciones de impacto deben incluir indicadores orientados a medir las consecuencias de cualquier iniciativa legislativa sobre la competitividad, desarrollando índices objetivos dirigidos a valorar este aspecto fundamental.

La introducción de la cultura evaluadora en el ámbito público es deseable siempre que estas evaluaciones de impacto no escondan agendas ocultas o sean inspiradas por motivaciones políticas, cuando debe responder únicamente a razones del impulso a la eficacia, a la eficiencia y la competitividad. De esta forma, hallamos el caso de la Directiva referente a trabajadores desplazados en el marco de una prestación de servicios, revisada tras la realización de una, en principio, mera evaluación de impacto sobre la regulación vigente.  

Inalterablemente, las iniciativas legislativas y regulatorias han de regirse por criterios de necesidad, de eficiencia y de idoneidad, de forma que las competencias de los Estados miembros en materias como las Relaciones Laborales han de ser incontestablemente respetadas.

En la misma línea, el nuevo Pilar de Derechos Sociales recoge 20 principios adscritos al ámbito Socio-laboral de “naturaleza no vinculante”, según las instituciones firmantes. Sin embargo, es previsible toda una nueva batería de acciones ligada al Pilar, las cuales esperamos no recaigan en cuestiones sujetas a la Negociación Colectiva ni incrementen la carga burocrática para las empresas.

El Sector del Metal recuerda que la Europa Social buscada por el Pilar debe financiarse mediante el impulso a sectores como el industrial, contribuyendo los buenos salarios, la amplia formación y la calidad del empleo generado a consolidar los modelos de bienestar defendidos desde la Unión.

Por tanto, es necesario recordar que un exceso de producción normativa o límites a la flexibilidad producto de la aplicación del Pilar podrían suponer un ataque directo a la competitividad en un mercado globalizado, repercutiendo en las expectativas de inversión en los planes de internacionalización y, por ende, en el crecimiento económico; los impactos del Pilar resultarían enteramente contrarios a sus objetivos.

Asimismo, nuestro Sector pone el foco sobre la normativa de obligado cumplimiento que escapa al desempeño habitual de nuestras empresas, generando trabas especialmente a las pymes y entorpeciendo el desarrollo de la actividad empresarial. Como ejemplo elocuente, el Reglamento General de Protección de Datos, recientemente aplicable, produce inseguridad entre nuestras empresas, preocupadas ante el difícil cumplimiento y la complicada comprensión de los deberes establecidos.

En el plano nacional, CEOE recuerda anualmente el exceso de producción normativa mediante el indicador que proporciona el número de páginas publicadas en el BOE. Según estos informes elaborados por la Confederación, durante el año 2017 se editaron un total de 223.043 páginas en el marco del Boletín Oficial del Estado, aprobándose 517 nuevas disposiciones regulatorias solo a nivel estatal.

A pesar de haber sido estos dos últimos años especialmente poco prolijos para la actividad legislativa, la serie histórica registra la cifra de 41.883 normas estatales desde el año 1970 hasta el 2017, posicionándose 2016 como el año con menos regulación promulgada hasta la fecha.

Esta contabilización pone de manifiesto la gran cantidad de normas a las que debe enfrentarse la empresa, gestionando y procesando las pequeñas y medianas compañías cargas administrativas y burocráticas inasumibles.

Inevitablemente, la sobrerregulación produce pérdidas para las empresas y obliga a los empresarios españoles a gestionar trámites más de cuatro horas y media a la semana, lo que provoca impactos innegables en su capacidad competitiva y productiva.

Para los emprendedores españoles, este coste regulatorio casi se duplica al tiempo destinado en otros países como Holanda o Gran Bretaña, quedando superado, únicamente, por las horas asignadas a tareas administrativas en Francia, conocida por su pesado aparato burocrático.

No obstante, los empresarios franceses emplearían únicamente un minuto más en estas diligencias que los empresarios en España, lo que debe ser materia de profunda reflexión para los poderes legislativos.

En nuestro país, la particular heterogeneidad entre regiones agrava el problema y la tendencia reglamentista de Comunidades Autónomas y locales fracciona la lógica del Mercado Interior, añadiendo costes y requisitos, en ocasiones, más exigentes que los tasados a nivel nacional o europeo.

La falta de coordinación entre entidades regulatorias locales, regionales, nacionales y de la Unión  ataca directamente la competitividad empresarial, resultando indispensable aplicar principios de racionalidad y simplificación, tanto a nivel normativo como de regulación administrativa.

En relación a la consolidación del crecimiento, cabe preguntarse cuánto podría crecer económicamente España si se eliminasen las trabas a los emprendedores y los obstáculos a la inversión y a la actividad empresarial. En algunos casos, la solución no se encuentra en regular más, sino en revisar la implementación de las normas ya promulgadas y en comprobar su eficacia, donde consideraremos esencial que el coste-beneficio sea adecuado y no afecte a la competitividad.

Para la actividad empresarial, los marcos regulatorios son precisos en términos de competencia. No obstante, no deben suponer un precio en relación a la competitividad. De esta forma, un riesgo importante remite a la publicación de Directivas, decisiones o estándares mínimos desde las instituciones de la Unión, donde los países menos reguladores provocan distorsiones en el Mercado Interior.

En este punto, el Sector del Metal demanda una correcta implementación y transposición de las bases normativas establecidas por la UE, fortaleciendo la seguridad jurídica y fomentando la inversión mediante marcos regulatorios atractivos y uniformes para el desempeño de las compañías, las cuales buscan mostrarse competitivas atendiendo al perfeccionamiento de sus productos y servicios y no detenerse en cuestiones accesorias o ajenas a su actividad. 

Como petición legítima, la industria necesita una regulación sencilla y promotora de la actividad empresarial e inversora que no obstaculice el desarrollo de las empresas, así como la revisión del marco regulatorio vigente. El intrincado entorno normativo afecta a la competitividad de nuestras empresas tanto en el ámbito nacional como en el exterior.

La coordinación, el encaje y la reconsideración de la sobrerregulación existente es un mandato lanzado desde las empresas de nuestro Sector que conecta el necesario impulso a la competitividad empresarial con la efectiva contribución de las empresas a la consolidación del crecimiento económico de España, donde la atención a la industria como motor del empleo de calidad ha de ser primordial.