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    BLOGMETAL: Recomendaciones del Consejo de Europa a España: mucho por hacer

    A principios del pasado mes de junio, el Consejo de la Unión Europea emitió sus recomendaciones del semestre a los Estados, incluidas las relativas al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España que incluyen un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de España.

    En noviembre de 2018, la Comisión señaló a España como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo y recomendó la aplicación de medidas para mejorar la productividad que permitieran el reequilibrado del déficit, la utilización de los ingresos extraordinarios para reducir la deuda pública, la concentración de las políticas económicas en el apoyo a la inversión y la mejora de las capacidades y de la empleabilidad para mejorar el funcionamiento del mercado laboral.
    Ya en febrero de 2019, el análisis de la Comisión concluía que España estaba experimentando desequilibrios macroeconómicos. El alto nivel de endeudamiento interno y externo, público y privado, y el elevado desempleo siguen siendo, en un contexto de bajo crecimiento de la productividad, puntos vulnerables. Por contra, constataba progresos en la reducción de la deuda privada, pero la necesidad de desapalancamiento sigue siendo considerable.

    A pesar del crecimiento del PIB, la deuda pública sigue siendo elevada y si bien, el desempleo ha continuado descendiendo, su tasa todavía es muy alta y el alto grado de segmentación del mercado laboral entre los contratos temporales y los indefinidos, entre otros factores, impide un crecimiento de la productividad laboral más rápido.

    El Consejo consideraba que, tras el fuerte impulso reformista entre 2012 y 2015, el cambio de contexto político ha limitado los progresos y la aplicación de las recomendaciones. Sin embargo, la situación todavía ofrece oportunidades para acometer las reformas necesarias para fortalecer la economía española y aumentar su productividad.

    En abril, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019 en los que el Consejo detecta la carencia de un plan para aplicar automáticamente instrumentos preventivos y correctores y para revisar la norma de gasto de la Ley de Estabilidad con vistas a reforzar su contribución al saneamiento presupuestario, especialmente durante los periodos de bonanza económica.

    El Consejo ya ha derogado el procedimiento de déficit excesivo para España que se encuentra ahora en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sujeta a la norma transitoria en materia de deuda.

    Se prevé que el saldo negativo de las Administraciones Públicas disminuya del – 2,5 por ciento del PIB en 2018 al – 2 en 2019, y que se logre un presupuesto equilibrado en 2022. Según el Programa de Estabilidad, se prevé que la ratio deuda pública / PIB baje del 97,1 por ciento en 2018 al 95,8 en 2019, antes de alcanzar el 88,7 por ciento en 2022.

    Los riesgos para la consecución de los objetivos presupuestarios fijados en el Programa de Estabilidad de 2019 afectan sobre todo a los ingresos, ya que la incertidumbre es considerable respecto a la recaudación o a las posibilidades reales de adopción de muchas de las medidas nuevas de obtención de ingresos sin perjudicar la actividad y el empleo.

    El Consejo también ve riesgos significativos de desviación en el crecimiento del gasto público que, mientas la ratio deuda pública /PIB de España supere el 60 por ciento, debería seguir con sus ajustes.

    En relación con el desempleo que sigue cayendo en España, pero permanece muy por encima del promedio de la Unión Europea, el Consejo señala la mala situación de los jóvenes y los menos cualificados y las desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a la tasa de empleo y la duración de las carreras profesionales que constituyen un desaprovechamiento de potencial que empeora los efectos del rápido envejecimiento de la población.

    El uso aún generalizado de contratos temporales, si bien está disminuyendo progresivamente sigue entre los más altos de Europa y podría obstaculizar el crecimiento de España y su cohesión social.

    Además, los contratos temporales ofrecen escasos incentivos, a trabajadores y empleadores, para invertir en formación, lo que perjudica el crecimiento de la productividad que se vería favorecida por medidas de mejora de la eficiencia de los servicios públicos de empleo y de apoyo a la movilidad laboral que mejorarían la empleabilidad y la adaptabilidad de los trabajadores.
    El Consejo alerta de que España se enfrenta a retos de cohesión territorial como el despoblamiento y el envejecimiento en determinadas zonas rurales y recomienda medidas que promuevan el emprendimiento, la digitalización y la economía social como parte de estrategias integradas de desarrollo territorial.

    El envejecimiento de la población, el vínculo de los incrementos de las pensiones a la inflación según lo decidido en 2018 y 2019 y el aplazamiento del factor de sostenibilidad exigen medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo.

    En materia de innovación y crecimiento de la productividad, el Consejo detecta niveles bajos de inversión en investigación y desarrollo por debajo de la media de la Unión, especialmente en el caso de las grandes empresas, e importantes disparidades regionales que se ven agravadas por el bajo y decreciente índice de ejecución del presupuesto público dedicado a investigación y desarrollo.

    La escasez y la inadecuación de las capacidades representan otro importante obstáculo al desarrollo y la utilización de tecnologías avanzadas, especialmente por parte de las pymes, con un nivel de empleo en sectores de alta tecnología y en servicios intensivos en conocimientos muy por debajo de la media de la Unión Europea en muchas regiones españolas que se ven perjudicadas por la descoordinación entre los niveles nacional y autonómico para la elaboración, la ejecución y la evaluación de las políticas de innovación.

    El Consejo recomienda favorecer las asociaciones público-privadas, la cooperación entre el mundo académico y las empresas, la transferencia de tecnología, especialmente en beneficio de las pymes y en una mayor armonización entre las infraestructuras y los proyectos de investigación y desarrollo y las estrategias de innovación nacionales y autonómicas.

    El carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España está impidiendo a las empresas beneficiarse de las economías de escala y está frenando la productividad. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado sigue constituyendo un importante instrumento para hacer frente a estas cuestiones, pero su aplicación es cuando menos poco decidida y persisten las restricciones que perjudican el crecimiento y la competencia.

    Las conexiones de transporte de mercancías por ferrocarril y la integración en los mercados de electricidad y gas de la Unión también impiden que España se beneficie plenamente del mercado único y son necesarias inversiones para revertir la situación.
    La reducción del consumo energético en los edificios y el desarrollo de redes energéticas inteligentes y del almacenamiento de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables contribuirían a gestionar mejor la demanda.

    El consejo también recomienda mayor esfuerzo en el transporte sostenible y la economía circular. Algunas zonas de España están entre las más expuestas de Europa al cambio climático, y sus recursos hídricos requieren más inversión en infraestructuras para mejorar la depuración de aguas residuales, las filtraciones en las redes de distribución y el suministro de agua.

    Quizás el mejor resumen de las recomendaciones del Consejo Europeo sea el que propone centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación y la formación, en la eficiencia energética y en el uso de los recursos, en la mejora de las infraestructuras, en la ampliación de las interconexiones energéticas con el resto de la Unión y en avanzar en la aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado.

    Todas esas recomendaciones permiten constatar que queda mucho por hacer. 
     
    José Miguel Guerrero Sedano
    Presidente CONFEMETAL
    23/07/2019

    Autor
    José Miguel Guerrero Sedano 
    Presidente de CONFEMETAL