FEMEVAL: Pagar más a veces... es bueno

FEMEVAL. No es razonable que desde la Administración central se regulen precios sin tener en cuenta los costes de producción que acarrean a nuestro tejido productivo.

 

La pandemia del Covid-19 está causando estragos en todo el mundo y augura nuevas reglas en los hábitos de consumo y en las relaciones comerciales. Llegan cambios, sí. Porque además esta crisis ha puesto en evidencia la problemática que supone depender de cadenas de suministros a miles de kilómetros.

 

Las empresas vamos a tener que repensar dónde y cómo producimos porque nos hemos dado cuenta del peligro que conlleva sumar dependencia y lejanía. La vuelta a la normalidad llevará tiempo, pero debemos empezar a poner el punto de mira en la necesidad de una reindustrialización para que el impacto de esta crisis sin precedentes, o de otras venideras, sea menos violento en el volumen de negocios y el empleo.

 

Un ejercicio de reflexión y de madurez que nos gustaría ver en nuestros gobernantes. Porque estamos viendo en ellos que las improvisaciones no son buenas, y que las medidas tomadas de forma unilateral restan en vez de sumar. Al respecto, resulta paradójico que las Administraciones, a pesar de sustentar la importancia de adoptar medidas para garantizar la sostenibilidad de las empresas y evitar las quiebras en serie, se pongan ahora a mediar en los precios de los productos.

 

Si la Generalitat Valenciana está apostando por reactivar la industria autóctona tratando de localizar empresas suministradoras y proveedoras de sectores estratégicos en la Comunidad Valenciana para eliminar la dependencia de proveedores foráneos en situaciones críticas, no es razonable que desde la Administración central se regulen precios sin tener en cuenta los costes de producción que acarrean a nuestro tejido productivo.

 

Una fórmula errónea difícil de asumir para nuestra economía, ya que nos impide competir ante la feroz competencia de países con una mano de obra más barata, manufacturas de bajo costo y con infinitas menos cargas fiscales, arancelarias y medioambientales. Una mala estrategia legitimada por el Gobierno que favorece la venta a precios inferiores al coste de producción doméstico y que va a provocar que las empresas que operan en el mismo mercado no puedan competir en precio. Y no, no estamos dispuestos a entrar en una guerra de precios inasumible.