Un cambio de criterio de la Inspección de Trabajo amenaza la Formación para el Empleo

Un cambio de criterio de la Inspección de Trabajo respecto a los profesores que imparten la Formación para el Empleo en centros de formación de organizaciones empresariales y sindicales amenaza la viabilidad de un sistema clave para la cualificación y empleabilidad de los trabajadores y para la competitividad de empresas y sectores.

La Inspección de Trabajo, contra lo establecido por la Ley que regula la Formación para el Empleo, ha considerado que los profesores de los cursos de formación y de los talleres que imparte la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, FREMM, no pueden  ser autónomos y deben estar dados de alta en la Seguridad Social.

La normativa aplicable a esta formación, básicamente la Ley 30/2015 de 9 de septiembre y el Real Decreto 694/ 2017 de 3 de julio, ha permitido hasta ahora incorporar profesorado especializado y de alto nivel, con competencias en las últimas tecnologías y sistemas de gestión para ofrecer la mayor calidad en la formación para el empleo y la máxima adecuación de sus enseñanzas a las necesidades reales de la producción.

El cambio de criterio de la Inspección de Trabajo va contra el modelo de formación extendido en toda España desde hace décadas que siempre se ha considerado adecuado a la normativa y ha estado sometido a una evaluación continua.

La reinterpretación de la regulación de la Formación para el Empleo por parte de la Inspección de Trabajo, de normalizarse, afectaría a miles de instituciones que imparten formación profesional, continua, ocupacional o universitaria, muy especialmente las especializaciones y los postgrados, a las jornadas técnicas y talleres profesionales e incluso a la preparación de oposiciones.

Todos estas modalidades de formación y muy concretamente la ocupacional y la continua, se organizan en cursos de corta duración y de contenidos muy específicos que deben ser actualizados con frecuencia, lo que implica que los profesores deban ser contratados en cada caso “ad hoc”, en función del contenido de cada curso, de sus conocimientos y de su disponibilidad temporal.

Las empresas, muy especialmente las pequeñas y medianas, las micropymes y los  autónomos, verían reducidas al mínimo, cuando no eliminadas completamente,  sus posibilidades de formar a su personal en tecnologías y sistemas de gestión y producción innovadores, limitando su productividad y su competitividad y las de sectores enteros, en una coyuntura económica definida por la transformación digital.

La  inseguridad jurídica generada por este cambio de criterio puede frenar la formación y suponer otro obstáculo para la recuperación de la producción y el empleo.